Por Andrea Castillo, The Washington Post
La recolección rutinaria de ADN de migrantes por parte de las autoridades federales de Estados Unidos ha experimentado un aumento sin precedentes, con más de 1,5 millones de perfiles de ADN de no ciudadanos agregados a una base de datos nacional en menos de cuatro años. Este fuerte aumento, informado por el Centro Legal sobre Privacidad y Tecnología de Georgetown, pone de relieve importantes preocupaciones sobre la privacidad y posibles violaciones constitucionales.
El aumento comenzó en 2020 luego de un cambio de reglas del Departamento de Justicia que ordenó al Departamento de Seguridad Nacional recolectar ADN de casi todas las personas detenidas por agentes de inmigración.
Anteriormente, desde 2005 hasta principios de 2020, la base de datos había recopilado unas 30.000 muestras. El dramático aumento plantea serias dudas sobre los derechos de privacidad de los inmigrantes y la constitucionalidad de una recolección tan generalizada de ADN sin salvaguardias legales estándar.
A diferencia de los contextos de justicia penal, los agentes de inmigración no requieren causa probable ni órdenes judiciales para recolectar ADN, que luego se envía al FBI para su inclusión en el Sistema de Índice Combinado de ADN.
Este sistema, utilizado principalmente para investigaciones criminales, etiqueta estos perfiles como “delincuentes”, lo que permite buscarlos indefinidamente en todo el país.
